TEMA 10. TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS DEL Siglo XIX: LAS DESAMORTIZACIONES. La desarticulación del Antiguo Régimen fue, sobre todo, económica, pues se trataba tanto de eliminar los privilegios fiscales de los antiguos grupos privilegiados, como de liberalizar todas las actividades económicas, tanto agrarias como industriales, para facilitar la conversión de la antigua economía, casi feudal, en otra de corte capitalista. ANTECEDENTES En el reinado de Carlos III aparecíó la crítica a la amortización de bienes raíces. A partir de 1795, bajo el valimiento de Godoy, la política belicista del gobierno y el consiguiente crecimiento brutal de la deuda pública obligaron al ministro a iniciar la desamortización de bienes de institutos eclesiásticos. Durante la Guerra de la Independencia, tanto el gobierno bonapartista como las Cortes de Cádiz realizaron una legislación paralela de supresión de conventos y órdenes religiosas y de puesta en venta de sus propiedades, destinando el producto a amortizar la deuda del Estado. En el Trienio volvieron a entrar en vigor las decisiones de las Cortes de Cádiz. Se emprendíó la desamortización de bienes de propios y baldíos, vendidos, principalmente, a inversores burgueses.  LIBERALIZACIÓN DEL MERCADO DE LA TIERRA En el Antiguo Régimen, la mayor parte de la tierra era vinculada, amortizada o inalienable (manos muertas). Se trataba de los mayorazgos, de las propiedades eclesiásticas y de los bienes inmuebles municipales. Con la supresión de los mayorazgos en 1836, las tierras de la aristocracia pasaban a ser de propiedad efectiva privada y podían ser vendidas, divididas o hipotecadas.  La abolición del régimen señorial (1837) ratificaba la anulación de los derechos señoriales de carácter jurisdiccional y transformaba las tierras de señorío en propiedades plenas de sus dueños. El problema estaba en aclarar de quien era la propiedad, pues el Antiguo Régimen distinguía entre el dominio útil del campesino que la explotaba y que podía transmitir a sus descendientes y el dominio eminente del señor que cobraba del campesino determinados tributos por el cultivo de esas tierras. Ninguno de estos conceptos se correspondía con el moderno modelo de propiedad y la solución se zanjó en tribunales que la mayor parte de las veces sentenciaron a favor de los señores. En consecuencia, la nobleza sumó su apoyo a la nueva monarquía liberal isabelina.  DESAMORTIZACIONES Desamortización eclesiástica de Mendizábal (1836-1849). Se disolvieron todas las órdenes religiosas salvo las vinculadas a la enseñanza o al cuidado de enfermos y la expropiación forzosa de sus bienes, que pasaron a manos del estado. El gobierno los vendíó por subasta pública con la finalidad de sanear la hacienda, financiar la guerra carlista y convertir a los nuevos propietarios en adeptos a la causa liberal isabelina. Al venderse al mejor postor, los campesinos arrendatarios lo continuaron siendo y no tuvieron opción de compra. No obstante, la producción total aumentó. Durante la Regencia de Espartero se abordó la desamortización de los bienes del clero secular,

aunque el proceso fue paralizado al llegar al poder los moderados en 1844.

Desamortización general de Madoz (1855-1867)

Afectó tanto a cualquier tipo de propiedad rústica o urbana perteneciente al Estado o Iglesia como a las propiedades municipales. Perseguía la obtención de ingresos con los que financiar la red de ferrocarriles y reportó al estado mayores beneficios fiscales que la de Mendizábal, pues los pagos podían ser aplazados. La ley no fue derogada hasta 1895. 
 Las consecuencias de ambas desamortizaciones fueron diversas: aumentó la superficie cultivada pero no la producción debido al bajo rendimiento de las tierras. A causa del aumento de la población y los elevados aranceles a productos extranjeros se produjeron crisis de subsistencia. La política proteccionista, la falta de inversiones, el carácter rentista y no innovador de los nuevos propietarios agrícolas burgueses, etc., fueron factores que causaron este paroxismo agrario que impidió que el primario fuera un factor dinamizador de la industria y la economía.  Se mantuvo la estructura de la propiedad con el sólo cambio de propietarios. Los campesinos no pudieron comprar las tierras, aumentaron los tributos que debían pagar al nuevo dueño y dejaron de tener acceso gratuito a madera y pastos, lo que motivó el levantamiento de Loja (1861). La Iglesia dejó de tener autonomía financiera, por lo que parte del clero apoyó al carlismo y la otra parte buscó una asignación económica del Estado. Por último, el Estado no aminoró la deuda pública por los crecientes gastos de la Hacienda. En conclusión, las desamortizaciones agrarias españolas fueron medidas lógicas y necesarias en el proceso modernizador y liberalizador de la estructura productiva española. Supusieron un cambio cualitativo importante en el panorama agrario tanto por el cambio en la propiedad como, sobre todo, por el incremento en la tierra cultivada. Permitieron el pago de la cuantiosa deuda estatal a lo largo de casi todo el Siglo XX, sin embargo, no lograron que la producción final agraria despegara respecto al incremento demográfico. Además, la mayor parte de la población campesina siguieron siendo campesinos sin tierra. Por tanto, la incidencia final de las desamortizaciones en las modernizaciones agraria y social fue mínima.