TEMA3. REVOLUCIÓN LIBERAL EN EL REINADO DE Isabel II. CARLISMO Y

Guerra Civil. CONSTRUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DEL ESTADO LIBERAL

Durante el reinado de Isabel II se construyó y consolidó el Estado liberal.

En su primera etapa predominó el proyecto liberal progresista , el cual desmanteló la legislación del Antiguo Régimen. En la segunda etapa, la opción política protagonista fue la liberal moderada, que construyó un sistema autoritario y oligárquico con el cual se alcanzó una gran estabilidad política.

Carlismo y Guerra Civil

Los primeros pasos del régimen liberal en España, durante la minoría de

edad de Isabel II (1833-43), coincidieron con la Primera Guerra Carlista (1833-

40) entre las fuerzas del gobierno liberal y los partidarios del absolutismo. La

guerra carlista volvíó a estallar en dos ocasiones más a lo largo del Siglo XIX.

En 1830 nace la futura reina Isabel y precisamente meses antes de su

nacimiento , Fernando VII publicó la Pragmática Sanción que anulaba a su vez

la borbónica Ley Sálica y por tanto las mujeres si podrían reinar (siempre que

no hubiese un varón). Los partidarios de don Carlos no se quedaron quietos y

encabezados por el ministro Calomarde, aprovecharon la enfermedad de

Fernando VII en 1832 para que derogase la Pragmática. Pero al restablecerse de

su enfermedad volvíó a imponerla y expulsó de su entorno a quienes se

mostraron contrarios a que su hija heredase el trono. Al morir en 1833 Isabel es

proclamada heredera y su madre asumía la regencia como Reina Gobernadora.

Esto supuso que don Carlos y sus partidarios iniciasen una guerra civil para

reclamar su derecho al trono, de quien se autoproclamó rey con el título de

Carlos V.

El carlismo se convierte en la más firme oposición a la regente y plantea

al iniciar la Guerra Civil no solo un conflicto dinástico, sino también ideológico,

ya que se trata de una lucha entre los defensores del Antiguo Régimen . El lema

carlista “Dios, Patria y Rey” resume la ideología del carlismo y junto a ello la

defensa del foralismo.

Los sectores sociales que apoyaron el carlismo fueron los nostálgicos del

Antiguo Régimen (parte de la nobleza y del clero) y el campesinado. Defendían

la monarquía absoluta, la preeminencia social de la Iglesia y la conservación de

los fueros frente a la centralización administrativa impuesta por los liberales.

Los focos más importantes de la insurrección carlista surgieron en el País

Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón y Valencia.

Los isabelinos tenían el apoyo de la jerarquía de la Iglesia y de la nobleza

Cortesana pero, sobre todo, de la burguésía y de las clases populares urbanas.

La guerra se prolongó durante siete años (1833-1840), pero los carlistas

no consiguieron nunca ni extender el conflicto a todo el territorio español ni

ocupar ninguna ciudad importante. La tardanza en enviar tropas al norte por

parte del nuevo gobierno isabelino, con escasos recursos económicos, permitíó

al general carlista Zumalacárregui formar un importante ejército de 200.000

hombres uniendo las fuerzas de Navarra y País Vasco. Animado por esta fuerza

y los primeros triunfos don Carlos ordenó tomar la ciudad de Bilbao en 1835. Desde 1835 a

1837 la guerra se equilibró y solo destacarán las expediciones del general

Gómez recorriendo la península para animar a sumarse al levantamiento

carlista y la Expedición Real de don Carlos hacia Madrid que fracasaron al no

conseguir los apoyos necesarios entre las poblaciones que recorrieron. El

general liberal Espartero, comenzó a recuperar el terreno y sólo

el carlista Cabrera en la zona levantina obténía triunfos mediante

la guerra de guerrillas. Pero ya la guerra se decantaba hacia el lado liberal,

sobre todo tras la llegada de fondos por la desamortización iniciada por

Mendizábal. Los carlistas terminaron por dividirse entre quienes pretendían

seguir luchando hasta el final y los que pretendían llegar a un

acuerdo honroso que salvase las posibilidades para el futuro de los seguidores de

don Carlos. Estos últimos liderados por el general Maroto terminaron por

imponerse y se llegó a la firma del Convenio de Vergara (Agosto de 1839), entre

éste y Espartero, lo que puso fin a la guerra en el norte. Por el convenio se

reconoce a Isabel II como reina legítima de España y se reconocen los empleos,

grados y pensiones de los miembros del ejército carlista. Se recomienda

armonizar la constitución con los fueros de Navarra y provincias vascas, pero el

conflicto carlista se mantuvo en la zona dominada por Cabrera casi durante un

año y posteriormente a lo largo de casi todo el Siglo XIX.

Construcción y evolución del estado liberal

La minoría de edad de Isabel II o el triunfo del liberalismo (1833-1843)

La necesidad de contar con firmes apoyos para enfrentarse a los carlistas

impulsó a María Cristina a formar un gobierno liberal. Pero los liberales se

hallaban divididos en facciones: los moderados, también llamados

“doceañistas”, partidarios de hacer reformas políticas y económicas limitadas, y

los progresistas, también llamados “exaltados” que querían desmantelar toda la

estructura del Antiguo Régimen.

La Regente concedíó el poder a los moderados, pero la presión popular y

el pronunciamiento militar de los sargentos de la Granja hicieron que, en 1835,

subieran los progresistas al poder presididos por Mendizábal. Esta sublevación

resultó definitiva para la ruptura con el Antiguo Régimen.

Entre 1835 y 1837, los progresistas asumieron la tarea de implantar un

régimen liberal, constitucional y de monarquía parlamentaria. Un conjunto de

leyes permitieron la disolución del régimen señorial, la desamortización de las

tierras del clero y la desvinculación de la propiedad, como también la supresión

de las aduanas interiores y la extinción de los gremios y de la Mesta.

Este proceso culminó con la promulgación de la Constitución de 1837,

que inauguró un largo período de monarquía constitucional en España. Este

texto reconocía la soberanía nacional y los derechos individuales pero aceptaba

el papel moderador de la Corona a la que concedía algunos poderes (derecho de

vetar las leyes, de disolver el parlamento), y el sistema electoral era censitario.

Los moderados, con el apoyo de la Regente, dominaron el Gobierno entre

1837 y 1840. Por lo cual, para recuperar el poder, los progresistas tuvieron que

recurrir a un golpe militar, encabezado por el general Baldomero Espartero.

En 1840, Espartero, héroe popular tras la guerra carlista, desplazó a María

Cristina como Regente e impuso un régimen liberal autoritario apoyado en el

ejército. Este carácter autoritario suscitó la oposición de muchos progresistas

Las medidas librecambistas, que perjudicaron a la industria española, y el

autoritarismo de que hizo gala le valieron la oposición de buena parte del país.

En 1843, todos los elementos de oposición convergieron en una

insurrección general, civil y militar. En el transcurso del levantamiento, el

general Narváez derrotó a las tropas de Espartero, que se exilió al Reino Unido.

Las Cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel II y la proclamaron reina.

La mayoría de edad de Isabel II o el triunfo de los moderados (1843-1868)

a. La década Moderada (1843-1854)

Durante la década moderada, y bajo los impulsos del general Narváez, se

institucionalizó el nuevo Estado liberal, al que los moderados dieron un talante

conservador y centralista.

Este estado se basó en el predominio social de la burguésía conservadora,

fundamentalmente agraria, que pretendía afianzar un nuevo orden político y

social capaz de frenar las pretensiones absolutistas del carlismo, pero también

de alejar del poder a los sectores más populares y progresistas. Se establecíó un

sistema político caracterizado por la estabilidad política, pero oligárquico, en el

que la representatividad popular era escasa y primaba el orden sobre la libertad.

Las Cortes fueron suspendidas a menudo, se produjo un continuo falseamiento

electoral y se marginó a los progresistas.

Se promulgó una nueva Constitución, la de 1845, que establecía un

sistema electoral con un sufragio restringido y la soberanía compartida entre las

Cortes y el rey. También se produjo un acercamiento a la Iglesia, se firmó un

Concordato con la Santa Sede (1851), en el que se configuraba un Estado

confesional que se comprometía a la subvención del culto y del clero católico.

La administración estatal y municipal fue reorganizada desde una óptica

uniformista y centralizadora para lo cual se fortalecieron los gobiernos civiles y

militares en cada provincia. Sólo el País Vasco y Navarra conservaron sus

antiguos derechos forales, ante el temor al rebrote de un movimiento carlista.

Otras medidas moderadas fueron las leyes de Hacienda, que centralizaron

los impuestos en manos del Estado y la elaboración de un Código Penal (1851),

que unificó y racionalizó las leyes anteriores. También se disolvíó la Milicia

Nacional y se creó la Guardia Civil (1844), un cuerpo encargado del

mantenimiento del orden en el medio rural.

b. El bienio progresista (1854-1856)

En 1854 triunfó un pronunciamiento militar en Vicálvaro, apoyado por

progresistas y por moderados descontentos que habían fundado la Uníón Liberal

de tendencia centrista y liderada por el general O’Donell. Durante dos años, los

progresistas de Espartero intentaron restaurar los principios del régimen

constitucional de 1837 a través de la nueva constitución de 1856, que nunca

llegó a aprobarse.

Las reformas más importantes del nuevo gobierno progresista fueron de

carácter económico. Así, se llevó a cabo la desamortización de Madoz, que

afectó fundamentalmente a los bienes de los ayuntamientos y se impulsó la

construcción de ferrocarriles y la creación de bancos.

En 1856, estallaron conflictos sociales en Barcelona y motines por la

carestía de grano en Castilla. Estos conflictos provocaron la caída del

Gobierno.

c. La crisis del sistema isabelino (1856-1868)

En la última etapa del reinado de Isabel II, de alternancia en el poder

entre los moderados y la Uníón Liberal, se impulsó una política exterior de

prestigio con pretensiones coloniales, sobre todo en Marruecos (Guerra de

África).

En el interior, la actuación del gobierno fue muy autoritaria, actuando al

margen de las Cortes y de los grupos políticos y ejerciendo una fuerte represión.

La oposición al régimen fue en aumento y surgieron nuevos grupos políticos,

como los demócratas, que defendían el sufragio universal, y los republicanos,

que abogaban por la abolición de la monarquía.

Se puede afirmar que la no incorporación de las clases populares al

sistema político y la falta de una alternancia real en el Gobierno condujeron a la

caída del régimen moderado y también de la propia monarquía de Isabel II. La

oposición, unida tras el Pacto de Ostende, alcanzó el poder tras la Revolución,

denominada como “La Gloriosa” de 1868. Comenzaba la primera experiencia

democrática de nuestra historia, conocida como Sexenio Revolucionario (1868-

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