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SAN Francisco.- El uso irresponsable de los agroquímicos es un tema que preocupa a las comunidades de la regíón Centro. Son muchas las localidades donde los patios de las viviendas terminan donde comienzan las explotaciones rurales, y es común ver la fumigadora pasando a pocos metros de la cocina de cada casa.
Pese a que Córdoba cuenta con su flamante ley de agroquímicos, sigue en pie el debate en torno de esta problemática. Expertos consideraron que la ley cordobesa de productos agroquímicos es uno de los instrumentos más avanzados que posee nuestro país en esta materia. Sólo falta que esta ley demuestra en la práctica que es valiosa, para lo cual será imprescindible que los intendentes se adhieran a ella y participen todos los actores involucrados. La nueva ley, número 9164, promulgada en Junio del año pasado, tiene como objetivos «la protección de la salud humana, de los recursos naturales, de la producción y la preservación de los alimentos y las materias primas de origen vegetal, y contribuir a la disminución del impacto ambiental provocado por productos químicos y biológicos», entre otros. Un aspecto novedoso que incorpora se refiere a que, para asegurar su correcta utilización, todos los productos químicos o biológicos requerirán para su aplicación de una receta expedida por un asesor fitosanitario, para impedir el mal uso de los plaguicidas. Además, se dispuso que tanto los aplicadores aéreos como terrestres deberán registrarse. Asimismo, los que vendan estos productos deberán inscribirse y dar detalles de las instalaciones donde se realizará la venta o almacenamiento, contar con la asistencia de un asesor fitosanitario, llevar un registro del origen de los productos y archivar por el término de dos años las recetas. En cuanto a las prohibiciones, no se puede realizar aplicación aérea dentro de un radio de 1500 metros del límite de las plantas urbanas. Por su parte, la aplicación terrestre está prohibida dentro de un radio de 500 metros a partir del límite de las plantas urbanas de municipios. En el centro del país, en lo que suele identificarse como «el interior del interior», prácticamente no hay núcleo poblacional que no confíe en el cumplimiento de esta norma. La Municipalidad de San Francisco, entre un grupo numeroso de comunas, ya ha manifestado su interés por adherirse a la ley 9164, haciéndose eco de los reclamos de los vecinos. Es sabido que regular la utilización de agroquímicos es complicado, porque no se trata sólo de los productos y cantidades que se usan, sino también del tiempo y el modo en que se realizan las fumigaciones. Debido a la complejidad de la ley de agroquímicos, recientemente Felipe Díaz Jofré, especialista en la materia, explicó los alcances de la ley ante productores, dirigentes del sector y vecinos de San Francisco. Díaz Jofré dijo que «esta ley nacíó para salvar puntos insatisfechos de la protección de la salud y el medio ambiente e incluir a todos los actores que están vinculados al uso de los agroquímicos». Para el experto, las disposiciones son claras. «Tanto el agrónomo que expende la receta como el que la aplica tienen que estar capacitados. Y hay artículos muy duros, referidos a la distancia que debe separar a las viviendas y los campos que usan agroquímicos en zonas urbanas». Por su parte, el agrónomo Gabriel Bonetti opinó que «este ordenamiento era imprescindible», y que la nueva ley «no fue diseñada detrás de un escritorio, sino que surgíó de la discusión y el consenso de todos los participantes de la cadena: organismos públicos, Colegio de Ingenieros, rurales, etcétera». Muchas de las denuncias de los vecinos surgen a partir de fumigaciones terrestres. Ellos comparten la mesa de trabajo recientemente conformada a instancias de la Federación de Centros Vecinales. En este espacio se reiteran las denuncias por la utilización indiscriminada de estas sustancias contaminantes en los campos lindantes a las casas. «La cuestión es sumar y aportar ideas para encontrar una solución a este tema, ya sea capacitando a los productores, poniendo en compromiso al municipio para que regule su uso o asegurando el cumplimiento de la nueva ley», afirmó Mónica Cejas, presidenta del centro de vecinos local. Por su parte, los productores no se mostraron indiferentes. José Castellano, titular de la Sociedad Rural local, afirmó que los productores están de acuerdo en regular la aplicación de agroquímicos. «Nosotros estamos comprometidos con mejorar nuestra producción, pero jamás lo haríamos dejando de velar por la salud de la comunidad en la que crecen nuestros hijos. Es necesario demostrar que puede haber armónía entre los intereses del productor y de los vecinos», dijo Castellano. Por su parte, Juan José Martinotti, de la Secretaría de Agricultura de Córdoba, comentó que, en la redacción de la ley, desde esta repartición se solicitó una zona de exclusión para periferia urbana y escuelas rurales, donde quede totalmente prohibida la aplicación de plaguicidas. «Nos preocupa mucho que el Estado esté ausente en el control y esto genera conflictos entre los vecinos y los productores. Hay que prestar atención a las denuncias de vecinos de enfermedades que estarían vinculadas con el uso irresponsable de plaguicidas», denunció por su parte el presidente de la entidad ambientalista Amad, Luis Gaviglio. Por otro lado, Míriam de Fanelli, vecina de un barrio residencial, denunció la falta de controles en las fumigaciones que se hacen en la propiedad colindante a su casa, donde se siembra soja y trigo. La mujer aseguró que se movilizó por los graves inconvenientes de salud que padece uno de sus hijos a partir de la aplicación de los agroquímicos en el campo vecino.