3.-Las desamortizaciones consistieron en expropiar bienes hasta entonces imposible de enajenar en manos del clero y de los municipios (“manos muertas”) y, mediante su venta en subasta pública, ponerlos en circulación en el mercado. En el siglo XIX, con aquella medida, el Estado, como ya señálamos, no pretendíó ninguna reforma agraria, sino incrementar los ingresos fiscales para anular la deuda pública, financiar las g.Carlistas o el ferrocarril y crear un nuevo colectivo de propietarios afines al régimen liberal que debilitara los estamentos del A. Régimen. Aunque iniciadas por los ilustrado), las desamortizaciones más decisivas las llevaron a cabo los liberales del XIX: tras el paréntesis del 1812 al 1823 (recayeron sobre los bienes de la Inquisición y parte de los bienes raíces de monasterios y conventos), las más importantes se debieron a Álvarez Mendizábal (1836-37) y Pascual Madoz (1855), esta última vigente durante toda la segunda mitad del siglo hasta su derogación en 1924.  La desamortización de Mendizábal, ejecutada durante la minoría de edad de Isabel II y regencia de Mª Cristina, recayó sobre los bienes del clero regular (1836: frailes y monjas) y secular (1837: catedrales e iglesias), pero tuvo pobres resultados: las comisiones municipales encargadas de las subastas configuraron grandes lotes, que sólo resultaron accesibles para la oligarquía y burguésía adineradas, convertidas de este modo en propietarias latifundistas, mientras el pequeño y mediano labrador, incapaces de comprar, no pudieron convertirse en propietarios.  La desamortización de Madoz, iniciada durante el bienio liberal y mayoría de edad de la reina, y sin las urgencias ni los agobios hacendísticos anteriores,  fue la de mayor envergadura tanto por su duración (continuada hasta fin de siglo e inicios del Siglo XX, a pesar de los cambios de gobierno), y volumen de bienes expropiados y vendidos como por las repercusiones sociales y los cambios en el régimen de propiedad agraria que implicó, así como en las formas de pago, pero sobre todo secular, de las órdenes militares y, muy especialmente, de los propios de los municipios, para financiar la construcción de obras públicas, en especial del ferrocarril.

4.- Entre las consecuencias de las desamortizaciones, cuyas ventas  afectaron al 50% de la tierra cultivable, además de la privatización de buena parte de los bienes eclesiásticos y municipales, hay que destacar cómo los liberales perdieron esta oportunidad histórica de conseguir el apoyo del campesinado para consolidar el régimen liberal, ya que fueron incapaces de lograr un campesinado medio y pequeño propietario, al no poder participar en las pujas. En segundo lugar, mantuvieron la división del país en dos zonas diferenciadas: latifundista en el Sur y pequeña-mediana propiedad en el Centro y Norte. En Extremadura, Andalucía y La Mancha, al no existir apenas medianos-pequeños campesinos compradores, la mayoría de los grandes lotes son adquiridos por los antiguos terratenientes, mientras en Asturias, Navarra, Gerona, Barcelona, La Rioja, Soria, Segovia, Valladolid, Madrid o Guadalajara, pequeños y medianos labradores ascienden a la categoría de la burguésía rural al poder participar en las subastas. En tercer lugar, las desamortizaciones potenciaron la sustitución de la sociedad estamental por la clasista, no sólo porque modificaron la estructura jurídica de la propiedad al convertirse en libre,  individual y abierta al mercado, sino porque favorecieron la aparición de nuevos terratenientes burgueses con intereses agrarios, que perjudicaron el desarrollo industrial cuyas inversiones se destinaban ahora al negocio agrario. En cuarto lugar, nuestra agricultura apenas se enriquecíó con el cambio y se mantuvo por mucho tiempo a nivel de subsistencia, de tecnología rudimentaria (rotación trienal, arado romano, abonos naturales…), sin inversiones de capital, dedicada al cultivo del cereal, vid, olivo y cítricos, fuente de éxodo y de emigración. Consecuentemente, apenas participó en el desarrollo industrial del país, entrando en el Siglo XX con una población de alta mortalidad, analfabetismo, pobre alimentación y de baja calidad de vida. El contraste entre una minoría burguesa rica y gran propietaria y una inmensa mayoría pobre y arrendataria resultaba insultante. En quinto, empeoró las economías de los municipios y de los servicios asistenciales de los ayuntamientos, que se ven obligados a incrementar la presión fiscal sobre sus vecinos (“consumos”), acentuándose su  emigración  hacia ciudades industrializadas del país o de América, tan elevada a fines de la centuria y principios del XX. Finalmente, las desamortizaciones acentuaron la conflictividad social, muy especialmente en el Sur, donde,  frustradas las esperanzas del campesinado de convertirse en propietario,  provocan las revueltas agrarias, tan típicas de la segunda mitad del siglo,  como rechazo de las políticas liberales a favor de los nuevos terratenientes. Igualmente, el clero, el gran perdedor del siglo, se convertirá  en otro de sus enemigos.