LODE al igual que el estatuto va a reconocer la enseñanza privada junto al sector público, así como la financiación de la enseñanza privada con cargo a los presupuestos generales del estado cuando los establecimientos privados contribuyan a cubrir necesidades en el ámbito de la educación obligatoria.La LODE también reconoce las libertades y derechos recogidos en la doctrina del tribunas constitucional y detallando algunos tipos específicos como la libertad de conciencia y el derecho a la no discriminación. Finalmente esta norma establece los cauces de participación de todos los sectores de la comunidad en la gestión educativa mediante los consejos escolares de centro, consejos municipales, regionales y estatales siendo el consejo escolar del estado el máximo órgano de participación.Tras la aprobación de la LODE en Marzo del 84 liderada por alianza popular interpone un recurso ante el constitucional, el cual resuelve el 3 de Julio del 85 indicando que la ley es constitucional salvo pequeños matices que no cambian la esencia de la misma. Eso permite al gobierno promulgar en Diciembre del 85 esta ley, fecha en la cual además el gobierno publicaba las disposiciones que regulaban la ley de conciertos, la de los consejos escolares y los criterios de admisión de los alumnos en los centros escolares. Un año más tarde, se aprobaban los reglamentos de las asociaciones de alumno, de las asociaciones de padres y de los servicios de los centros concertados. De esta manera en dos años, se estructuraba el aparato normativo básico de la etapa de gobierno socialista.Más allá de estas dos confrontaciones ideológicas, la política educativa del periodo 1976-1990 va a registrar otras innovaciones, así durante el gobierno de la UCD (1976-1982) además de la aprobación de la constitución española en la cual se recoge un artículo dedicado a la educación (artículo 27) se llevan a cabo los llamados pactos de la Moncloa firmados en 1977 que suponen un acuerdo entre el gobierno sindicatos y patronal para establecer medidas que saquen al país de la fuerte crisis económica.Pactos de la Moncloa: el presupuesto de educación se duplique.40.000 millones de pesetas para construir centros educativos.El gobierno de la UCD poco más pudo hacer en materia educativa debido a la inestabilidad del país y a la inestabilidad interna del partido, lo cual impide avanzar en políticas educativas.Otra acción importante que se desarrolla en estos años va a ser el inicio de las transferencias educativas a las comunidades autónomas. España era un país fuertemente centralizado retoma en la transición el camino iniciado pero no acabado llevado a cabo durante la república de descentralizar el estado. En este proceso de transferencia, las comunidades autónomas podían recabar no solo la gestión de la enseñanza en ámbitos de gobierno, sino también todas aquellas competencias que en el futuro asumieran en virtud de las trasferencias y el desarrollo de los estatutos de autonomía. El estado se iba a garantizar por el artículo 149 de la constitución la expedición y homologación de títulos. Además este artículo le otorga al gobierno la capacidad del desarrollo orgánico de las leyes que articulen y lleven a cabo el desarrollo del artículo 27 de la constitución.Los estatutos vasco y catalán, serian aprobados a finales del 79 y marcarían las pautas de las transferencias futuras y en un primer momento estas comunidades un año más tarde van a asumir las primeras competencias educativas. Todas las comunidades autónomas cuando alcanzan el estado de autonomía lo primero que piden es educación por tres motivos fundamentales1. Porque la escuela es la institución fundamental para la normalización lingüística de la población.2. Porque la escuela es el espacio para la autoafirmación cultural como hecho diferenciador.3. Es el lugar donde se mantienen y crean los sentimientos nacionalistaEste proceso de transferencia asusta al gobierno central tanto de la UCD como al partido socialista y toman medidas para frenarlo.1. Elaboración de la ley de armonización del proceso autonómico y más concretamente en el ámbito educativo el reforzamiento que se da a la alta inspección del estado, mecanismo de la administración central ordenado a controlar el cumplimiento de las leyes orgánicas y de las directrices estatales en materia de educación así como la calidad en el conjunto del sistema educativo. Este miedo del gobierno central, provoca una parálisis en el proceso de transferencia que no se alcanzan plenamente hasta mediados finales de la década de 1990. En otro orden de cosas, el gobierno central y las comunidades autónomas, conjunta o separadamente van a llevar a cabo políticas y planes encaminados a extender la educación en primer lugar, en segundo lugar corregir las desigualdades y en tercer lugar mejorar la calidad. Así en el proyecto para la reforma de la educación de 1987 al hacer balance de las actuaciones que se realizaron para avanzar en estos puntos destacan las siguientes reformas.* Expansión en las zonas de mayor población y en los niveles educativos de, mayor demanda.* Puesta en marcha de programas de becas para las familias con rentas más bajas en los niveles educativos pos-obligatorios. Entre el año 82-86 el estado multiplica por 6 los recueros invertidos.* Desarrollo a partir de 1983 de acciones de educación compensatoria dirigidos a grupos marginales y desfavorecidos, poblaciones rurales y de suburbios y para jóvenes entre 14 y 16 años con problemas escolares* Experimentación de sistemas y de metidas de integración de alumnos con alumnos con necesidades especiales en aulas normalizadas.* Fomentos de planes de educación de adultos.* Instrumentación de medidas para la mejora cualitativa de la enseñanza como son la disminución del ratio profesor alumno como son planes de formación del profesorado o la implementación de programas de innovación.Para completar el análisis de la política educativa de los primeros gobiernos socialistas es necesario hablar de la ley orgánica de reforma de la universidad la conocida como la LRU aprobada el 25 de Julio de 1983. La reforma de la universidad no se hace solo por un imperativo constitucional sino de la necesidad de modernización y mejora de la misma. La LRU concibe la educación superior como un servicio público para la investigación la transferencia del conocimiento a la sociedad, la preparación laboral y para el apoyo cultural social yeconómico del país. Reconoce los principios de autonomía y de libertad de cátedra de investigación y de estudio que se definen en función de las necesidades y responsabilidad del orden social.El principio de autonomía universitaria, supone la capacidad de las universidades para elaborar sus propios estatutos para la gestión de los recursos, la autonomía en la gestión académica concretizada en la posibilidad de elaborar sus propios planes de estudio y de investigación, diseñar sus plantillas de personal y expedir diplomas y otras funciones científicas y culturales.