2.2. Principales problemas de nuestro modelo de seguridad

1-

España carece de políticas públicas  para responder a la inseguridad ciudadana

Su actuación es reactiva y enfocada a la represión de delitos, pero poco más

Hay problemas que requieren la elaboración de políticas integrales y transversales, a través de programas y planes de actuación, que deben articularse con la participación de todas las Administraciones Públicas y no sólo a través de sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

2- Las funciones asignadas actualmente a las Policías Locales o resultan excesivas o suponen un importante desaprovechamiento de recursos. Existe un error al establecer las mismas funicones para todos los cuerpos de policia local,

3-
Con el marco normativo actual no se ofrecen alternativas a los pequeños municipios para el adecuado ejercicio de sus competencias en materia de seguridad
. La mejor alternativa es posibilitar la mancomunización de servicios de Policía Local bajo determinados criterios, o bien generalizar la constitución de Policías Autonómicas con cierta dependencia funcional de los Alcaldes en el ámbito rural.

 4- No son proporcionales los recursos económicos que los Ayuntamientos reciben del Estado en relación a su contribución a la seguridad pública.Resulta absolutamente urgente y necesario desarrollar una política decidida de aportación de recursos económicos de la Admón Central y las CC.AA  a los Ayuntamientos,

5- El modelo actual desprecia un elemento esencial para articular las políticas de seguridad pública: la participación ciudadana.

2.3. Posibles soluciones:

A) Reforzar las competencias municipales en seguridad ciudadana:

Cada vez más, se constata la necesidad de actuar en determinados problemas de manera rápida y decidida en el ámbito de la Ciudad. Por eso, la Federación Española de Municipios y Provincias (F.E.M.P) viene reclamando, de manera reiterada, que sean los Alcaldes los que tengan una autoridad reconocida y ejecutiva en la coordinación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que actúan en su territorio 

B) Ampliar las funciones de la Policías locales

hay que establecer límites y distribuir competencias, con el objetivo último de ofrecer a los ciudadanos el mejor servicio posible, bajo los criterios de eficacia y eficiencia. Desde esta perspectiva, además de las funciones actualmente atribuidas a las Policías Locales, se deberían ampliar en los municipios de población superior a los 20.000 habitantes, siguiendo los siguientes criterios:

– Extender sus funciones a: 1-las problemáticas relacionadas con los conflictos urbanos que, por proximidad al entorno familiar, escolar y de convivencia, generan alarma social y demandan una respuesta integral que también requiere de la actuación policial.2-a las problemáticas e infracciones penales relacionadas con el entorno doméstico, atendiendo la problemática de la mujer, menores y mayores.3-a las problemáticas medioambientales, tanto en el ámbito penal como en el administrativo.4-a todas las infracciones penales relacionadas con la seguridad del tráfico y las asociadas a las mismas.5-a los conflictos cuya génesis y desarrollo se radique, de forma estática y continuada, en el ámbito de la ciudad, despierten la sensibilidad social y conlleven la alteración de la convivencia.6-Otorgar a estas Policías Locales pleno carácter de Policía Judicial. 7- Establecer sistemas que garanticen, de manera automática, el transvase de la información obtenida por las Policías Locales a los bancos de datos estatales. 

C) Crear y desarrollar planes y políticas públicas y globales de seguridad ciudadana desde los municipios

La experiencia demuestra que son los sistemas vinculados a la proximidad de la gestión

-plurales y más descentralizados- los que mejor permiten la ejecución de políticas públicas integrales basadas en la protección de los derechos y libertades y en la potenciación de los aspectos preventivos, participativos, y de solidaridad, y no sólo en los aspectos puramente reactivos. Son necesarias políticas urbanas integradoras y estrategias para intentar actuar sobre las causas de la delincuencia y de la inseguridad. Por eso, las políticas de prevención y desarrollo social deben ser siempre el vértice de cualquier experiencia innovadora y progresista, y no únicamente utilizar políticas de reacción al delito. Es necesario desarrollar políticas transversales que contribuyan a la modificación de la percepción de la inseguridad.

Para ello se deben asumir principalmente:

c1)

Políticas de prevención

: Buena parte de los problemas que tienen una fuerte incidencia en la seguridad ciudadana, como la marginalidad, la inmigración, las drogodependencias, la violencia y el ocio juvenil, el vandalismo urbano, la violencia de genero, etc., son problemas que no tienen una solución estrictamente policial, sino que requieren ser abordados de manera integral, a través de políticas integrales.

En concreto, serían productivas las siguientes políticas de prevención en el ámbito municipal:

-Programas de: 1-integración y prevención de problemas multiétnicos, favoreciendo la plena integración de los colectivos inmigrantes. 2-de lucha contra la violencia de género. 3-de prevención de la violencia infanto–juvenil, con especial atención a la prevención de los comportamientos asociales en el entorno socioescolar. 4-de prevención del racismo y la xenofobia en las etapas escolares de primaria y secundaria.5-de educación en valores y convivencia entre la población escolar. 6-Políticas de prevención del vandalismo urbano y de medidas educativas que favorezcan su evitación. 7-Integración de los conceptos de seguridad y prevención en la planificación urbanística, favoreciendo el diseño de espacios que favorezcan la convivencia y adaptando los espacios públicos a las necesidades sociales. 8-Las nuevas formas de ocio y las problemáticas que llevan asociadas deben ser tratadas con políticas y programas que den respuesta a las demandas de los jóvenes y contribuyan a la convivencia urbana. Para ello deberán desarrollarse programas de ocio de calidad y de ocio alternativo. 9-Programas de prevención de las drogodependencias. 10-Programas integrales de protección a los mayores, que den respuesta, entre otros, a los graves problemas que este colectivo tiene en el ámbito de la seguridad

c2).

Políticas de proximidad

Las políticas de prevención deben abordarse desde aquellas administraciones que poseen los recursos adecuados para garantizar un tratamiento transversal, entendiendo la delincuencia como un fenómeno con causas pluridimensionales y que requiere respuestas multidisciplinares. Y es el Municipio (a través del conjunto de sus servicios públicos) la Administración que posee las mejores condiciones posibles para desarrollar las políticas de prevención de la delincuencia. Solo desde los Ayuntamientos se puede desempeñar un papel crucial en la mejora, la eficacia y la eficiencia de las políticas de prevención, con el valor añadido del pleno conocimiento de la realidad social y de la evolución del fenómeno de la delincuencia.

Debe ser la Administración más próxima al ciudadano y a sus problemas la que desarrolle e implante políticas de proximidad. Los programas de Policía de Proximidad deben desarrollarse a través de las Policías Locales, a través de las siguientes acciones:

– Desarrollar la Policía de Barrio o de Distrito, como gestores de la seguridad y de la prevención.

– Crear unidades de convivencia (residencias, centros de día, casas de acogida, centros de atención especializada, viviendas tuteladas).

– Asumir las funciones de Policía Turística en aquellos municipios donde esta actividad constituya un modo de vida y fuente de riqueza para la ciudad.

– Las Policías Locales deben ser contempladas como Policía Judicial al servicio de la Justicia.

– Las Policías Locales deben tener capacidad para dar respuesta al pequeño y próximo delito de la ciudad, que supone la base de la intranquilidad urbana.

c3).

Políticas de participación ciudadana

El concepto de responsabilidad compartida no sólo debe aplicarse al ámbito institucional, sino que también debe extenderse a los ciudadanos a través de sus entidades representativas. Porque la seguridad es un problema de todos y porque los ciudadanos tienen derecho a disponer de un marco de participación en la elaboración de las políticas de seguridad y a evaluar la gestión realizada por las diferentes administraciones y policías públicas. En otras palabras: tienen derecho a opinar y a valorar como se emplean los recursos que se obtienen de sus impuestos.

Se ha de buscar una gestión de la seguridad transparente y hecha de cara a los ciudadanos. Al contrario que las políticas ocultistas, cicateras, y obstruccionistas que se han seguido en los últimos años, despreciando la participación, no sólo de los ciudadanos, sino también de sus representantes legítimos.

Para ello, cabría potenciar la realización de foros de participación, discusión, canalización de propuestas de políticas públicas y evaluación de programas (como antaño se hacían en los Consejos Locales de seguridad), así como la dotación de redes (telemáticas) en las que los ciudadanos den información sobre aspectos relativos a la seguridad o inseguridad que aprecien en su día a día.

d) Asignación de presupuestos para el ejercicio de las nuevas funciones en función del término municipal y del número de habitantes del Municipio.

e) Mejorar la coordinación entre los distintas FCS, de manera que los acuerdos de coordinación sean vinculantes y tengan que ser cumplidos por todos los cuerpos.