Portada » Historia » Nobleza terrateniente siglo XIX
ls principals caractristicas d la economia spañola en l siglo xix fueron l lnto crcimiento y l atraso con rspcto a ls paiss industrials d europa.
ls causas fundamntals d sta situacion fueron:
– la falta d capitals xa financiar ls innovacions tcnicas en la industria.l scaso capital s dstino a la compra d tierras dsamortizadas,a la compra d duda publica,o a la spculacion en bolsa.cm rsultado s produjo 1a fuert dpndncia d ls capitals extriors (frrocarril y sidrurgia) q dstinaron ls bnficios a sus paiss d orign.
– dificultads en ls comunicacions,en rlacion con la orografia,q encarcio l trasport e impidio la articulacion dl mrcado nacional.
– scasz y disprsion d ls matrias primas y d ls fuents d enrgia
– limitado crcimiento dmografico,q s tradujo en 1a mnor disponibilidad d mano d obra,y 1 scaso mrcado intrior
– ls dstrozos causa2 x ls guerras (indpndncia,guerras carlistas,guerras colonials ) q produjron prdidas umanas y economicas,sobr todo l mrcado colonial exclusivo.
Los ilustrados del siglo XVIII consideraron que la estructura de la propiedad agraria, que procedía de la época medieval (repoblación), era la causa más importante del atraso económico. Pero los monarcas no querían alterar el poder de los grupos privilegiados. Godoy quiso aplicar medidas desamortizadoras, pero se encontró con una fuerte oposición. En las Cortes de Cádiz (1810-1813) y más tarde durante el Trienio, los liberales abordaron la tarea de cambiar el sistema de propiedad del antiguo régimen (propiedad amortizada o en “manos muertas”) y de abolir el régimen señorial.
Estos cambios quedaron definitivamente realizados en el reinado de Isabel II. Las causas están el enorme volumen de la deuda y en la necesidad de encontrar apoyos a la monarquía isabelina durante las guerras carlistas. Fueron dos las leyes más importantes de este proceso: la de Desamortización Eclesiástica de Mendizábal (1836)
que expropió las tierras de la Iglesia y la Desamortización Civil de Madoz (1855)
. Con esta última, muchos Ayuntamientos perdieron las “tierras de propios” y los agricultores perdieron el derecho de uso de las “tierras de comunes”, como se llamaban a los bosques y pastos de uso comunal. Los beneficiarios de estas leyes fueron la nobleza, que engrosó su patrimonio territorial, y la burguesía, que disponía de dinero suficiente para comprar grandes fincas, ya que el sistema que se utilizó fue la conversión en bienes nacionales y la subasta pública.
Las desamortizaciones afectaron al 20 % del suelo español y consolidó la estructura agraria latifundista que reforzó a una “oligarquía agraria” de gran importancia en el devenir histórico posterior. Todo ello frustró la “reforma agraria”, el reparto de tierras que los campesinos sin tierras habían deseado. Estos cambios produjeron un aumento de la superficie cultivada y de la producción agrícola. Pero la productividad agrícola apenas creció debido a la escasa inversión de capitales en la modernización de las fincas o explotaciones. Este atraso agrícola tuvo tres consecuencias económicas negativas:
escasez y carestía de los productos agrarios, escaso desarrollo del mercado nacional y falta de impulso a la industria.
Los problemas fueron mayores en el sur, con una enorme cantidad de jornaleros enfrentados a propietarios intransigentes. La cuestión agraria se convertirá en uno de los problemas fundamentales del siglo XX
La industrialización española fue lenta y tardía, se localizó fundamentalmente en Cataluña y en el Norte de España y su desarrollo estuvo muy ligado a las explotaciones mineras. Además la pérdida de las colonias americanas eliminó unos mercados exclusivos, y privó a la industria de materias primas baratas.
Los recursos mineros se habían explotado desde la antigüedad; con la llegada de la revolución industrial tales recursos eran una riqueza potencial que no se utilizaban por la escasez de iniciativas empresariales y de capitales españoles. Finalmente, la Ley de Minas de 1868 facilitó la llegada de capitales extranjeros que se hicieron pronto con el control de la mayoría de las explotaciones importantes (Río Tinto Gulf Company, Franco-Belge des Mines de Somorrostro, etc.). Con el tiempo, sería el hierro vizcaíno el mineral más exportado. El carbón asturiano y leonés, de baja calidad, era insuficiente y sólo se vendió en el mercado
La industria siderúrgica se estableció cerca de las zonas mineras, razón por la cual se localizó principalmente en el norte de España. Hubo algunas plantas en Málaga (1830-60), en Asturias (1850-70) y, por último, en Vizcaya, donde la familia Ybarra fundó la empresa de Altos Hornos de Vizcaya en 1882.
La industria textil tuvo su principal área de expansión fue Cataluña, donde ya existía una incipiente industria lanera iniciada en el siglo XVIII. Con la utilización masiva del algodón y de la nueva maquinaria (e hiladoras y telares mecánicos, máquinas de vapor, etc.) se construyeron fábricas más grandes y modernas que se limitaban a producir para el mercado nacional (incluyendo a Cuba y Puerto Rico) dentro de uno planteamientos proteccionistas. Y es que la industria catalana, eminentemente familiar, no disponía de capitales suficientes para modernizar y ampliar la producción ni contaba con una industria nacional de bienes de equipo (maquinaria en general) que abaratara los costos.
En el fin de siglo se mejoraron las infraestructuras: se mejoraron las carreteras, se extendió el telégrafo y el teléfono, así como la producción y distribución de electricidad, con empresas alemanas (AEG, Siemens..) o españolas ( Sevillana de Electricidad, Cia Barcelonesa de Electricidad, Cia Vizcaína..) También aparecieron nuevos sectores industriales:
Cementos (fabricación de cemento artificial tipo portland), química, construcción naval ( Astilleros del Nervión, Euskalduna) impulsados a menudo por capital extranjero.
Hasta el siglo XIX España era un país económicamente fragmentado en una serie de territorios con escasas relaciones mutuas. La burguesía necesitaba crear un marco legal que permitiera la libre circulación de mercancías por todo el territorio nacional, sin tener que pagar impuestos por entrar en una ciudad (portazgos) o por pasar de una región o provincia a otra. Pero el hecho de establecer por ley el libre comercio interior no era suficiente: hacía falta crear un moderno tipo de transporte y el ferrocarril solucionó este problema.
Los primeros tramos ferroviarios fueron los de Barcelona-Mataró (1848) y Madrid-Aranjuez (1851) pero la expansión se produjo al calor de la Ley de ferrocarriles aprobada durante el Bienio Progresista (1854-56). El ferrocarril unificó económicamente a España al conectar las diversas regiones del país y permitir que las producciones de cada una de ellas pudieran llegar pronto, y con un coste relativamente bajo, a las demás. La red presentó una estructura radial con centro en Madrid, y se eligió un ancho de vía mayor que el del resto de los países europeos, una decisión equivocada que contribuyó al aislamiento comercial. La construcción se hizo mediante concesiones a empresas privadas. Ahora bien, el desarrollo del mercado nacional español fue precario debido a dos factores: 1) la producción agrícola e industrial no alcanzó resultados muy notorios (había pocos excedentes que comerciar) y 2)
la capacidad adquisitiva de los españoles era escasa gracias a los bajos salarios de los trabajadores y a los menguados ingresos del campesino minifundista. Absorbió gran cantidad de capital (9/10), pero a largo plazo tuvo una repercusión económica positiva.
La expansión de las ciudades y el crecimiento de sus habitantes hizo necesarios nuevos medios de trasporte En 1871 se inauguraron las primeras líneas de metro en Barcelona y Madrid (barrio de Salamanca-Sol), y a comienzos del XX, el tranvía y los primeros autobuses. Estos medios de trasporte utilizarán fuentes de energía características de la 2ª revolución industrial, como el petróleo y la electricidad, los que a su vez estimuló el sector energético.
El sector financiero adoleció de la misma debilidad que el resto de la economía española: la falta de capital se debía ala baja rentabilidad agrícola, a las dificultades del trasporte y la falta de recursos energéticos. Fernando VII creó el Banco de San Fernando precedente del Banco de España, y la Bolsa de Madrid. Las Cortes del Bienio Progresista aprobaron dos importantes leyes (1856): la creación del Banco de España y la emisión de moneda; y la Ley de Sociedades Bancarias que reguló la fundación de las sociedades pro acciones. Con estas leyes y en un momento de expansión económica, se multiplicaron las sociedades financieras, que invirtieron sobre todo en el ferrocarril.
Durante el Sexenio se estableció una moneda única, la peseta, que sólo podía emitir el Banco de España. El valor de las monedas y billetes en circulación estaba garantizado por un depósito en oro y plata equivalente como mínimo al 25% del total emitido. También se modificó el sistema impositivo, que era extraordinariamente complejo (En Castilla tenían más de cien tipos de impuestos). Las reformas simplificaron los tipos, pero se mantuvieron dos problemas: 1) los ingresos eran siempre inferiores a los gastos, con lo que se emitía deuda pública, y se destinaba aproximadamente el 25% de los ingresos ala pago de intereses; 2) solo una cuarta parte de los ingresos proceden de los impuestos directos; la carga impositiva recaía sobre la mayoría de la población a través de los odiados “consumos”, contribución indirecta que gravaba el consumo y perjudicaba a los sectores populares. El temor a perjudicar los interese de la oligarquía y el gasto excesivo fueron una constante.
A comienzos del siglo XX se produjo un crecimiento de los bancos privados que financiaron actividades económicas y bancos públicos orientados a financiar actividades oficiales (banco de Crédito Industrial y banco de Crédito Local) y la aparición de las Cajas de Ahorro que canalizaron el ahorro familiar.
La Hacienda Estatal experimentó un saneamiento importante a fines del XIX, incluso con algunos años de superávit, pero las guerras de Marruecos hicieron reaparecer el déficit, aunque la deuda pública no fue tan gravosa como en el siglo anterior.
España formó parte de un conjunto de países que se caracterizaron por una economía agraria poco desarrollada y por su deficiente industrialización. El crecimiento económico no se verá acompañado de un progreso social equivalente. Se acentuaron las diferencias sociales, con una oligarquía que incrementa cada vez más su riqueza y unas clases populares, campesinas y urbanas, que ven acentuarse cada vez más la situación de miseria e injusticia.
TEMA 13.2 TRANSFORMACIONES SOCIALES. CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO. DE LA SOCIEDAD ESTAMENTAL A LA SOCIEDAD DE CLASES. GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOVIMIENTO OBRERO EN ESPAÑA. |
A lo largo del siglo XIX la población española creció un 50%: de 12 millones a 18 millones; este bajo aumento demográfico, uno de los menores de Europa, se explica por el mantenimiento de una alta mortalidad (29%o), debida e las guerras carlistas, Cuba y Marruecos, las epidemias y las hambrunas; y por el lento crecimiento de la economía. Persistía el ciclo demográfico antiguo.
También fue escaso el crecimiento de la población urbana que pasó de un 20% en 1800 al 35% en 1900. Los nuevos medios de trasporte facilitaron las migraciones: en el interior se produjo un éxodo rural que hizo crecer ciudades como Sevilla, Valencia, Bilbao, Barcelona y Madrid; en el exterior, varios cientos de miles de españoles se marcharon a América, sobre todo a Argentina, entre 1880 y 1914, y en la mayoría de los casos se asentaron de manera definitiva. . Esta tendencia no se vio interrumpida con la pérdida colonial del 98, y se mantuvo hasta el final de la I GM.
En cualquier caso, la revolución liberal alteró la estructura social española:
Desaparecieron los viejos estamentos privilegiados (nobleza y clero) y se implantó una sociedad de clases. El principio de diferenciación social dejo de ser el nacimiento y se basó en la propiedad; igualmente desaparecieron los privilegios asociados a nobleza y clero, al establecerse el principio de igualdad ante la ley y el acceso a los cargos. Los grupos sociales de caracterizaban por la movilidad social.
Las Clases Altas estaban integradas por alta burguesía y la alta nobleza.
Ésta perdió sus tradicionales privilegios y señoríos, pero sus bienes no se vieron afectados por la revolución liberal; incluso, en muchos casos, aumentaron gracias a la desamortización. La nobleza se integró en el marco liberal – se “aburguesó”- y forjó un pacto con la alta burguesía, una clase formada por la gran burguesía industrial (fabricantes catalanes y de otras regiones), los propietarios de minas, banqueros, propietarios enriquecidos por las desamortizaciones y grandes hombres de negocios muchos de los cuales (marqués de Comillas o marqués de Salamanca) llegaron a ennoblecerse. El clero tuvo un papel destacado por su influencia social y educativa. Había perdido parte de su poder económico, por las desamortizaciones y el fin del diezmo, pero el Estado aportaba cuantiosos recursos para su sostenimiento.
Estos grupos coincidían en sus intereses económicos, y contaban con la Iglesia para mantener una mentalidad tradicional y con el Ejército para reprimir cualquier intento de protesta social.
Las Clases medias fueron los protagonistas de la revolución liberal. Este sector creció poco debido al escaso desarrollo económico. Estaban formadas por los medianos propietarios agrícolas, los comerciantes y los sectores profesionales tradicionales (abogados, ingenieros, médicos, profesores, etc.) cuyo número se triplicó. También aumentó la cifra de los militares, los funcionarios del Estado y los altos empleados de las empresas.
Tenían posiciones muy conservadoras, recelaban de los cambios y temían la pérdida de posición social. Solo una minoría, formada por estudiantes y profesores universitarios, periodistas o profesionales se distinguía por una posición política activa, crítica y reivindicativa.
TEMA 13.2 TRANSFORMACIONES SOCIALES. CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO. DE LA SOCIEDAD ESTAMENTAL A LA SOCIEDAD DE CLASES. GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MOVIMIENTO OBRERO EN ESPAÑA. |
Las Clases populares constituían más del 80% de la población.
En el ámbito rural coexistían los campesinos, pequeños propietarios preponderantes en la mitad norte de España, y los jornaleros, trabajadores eventuales que abundaban en el sur latifundista; todos ellos se vieron perjudicados por las desamortizaciones y desarrollaron una actitud contraria a la nueva sociedad burguesa: unos (los campesinos del norte) en un sentido reaccionario; otros (los jornaleros del sur) en un sentido revolucionario Su pobreza, un grave problema humano, fue también un serio obstáculo al desarrollo de la economía y del mercado nacional.
En las ciudades existían los obreros que trabajaban en las modernas fábricas y en las minas y los empleados del sector servicios del que formaba parte el servicio doméstico, muy abundante en aquella época.
La clase obrera fue el grupo más importante de cara al futuro, aunque su número era exiguo debido al bajo nivel de industrialización. La supresión de los Gremios acabó con los sistemas de protección y defensa de sus condiciones de trabajo. Desde mediados de siglo los obreros iniciaron las primeras formas de organización obrera en asociaciones de ayuda mutua, para estar protegidos en caso de enfermedad o pérdida de trabajo. Las leyes no permitían el asociacionismo, salvo en los periodos de poder progresista. La reivindicación de este derecho se convirtió en un objetivo prioritario.
El Sexenio significó una etapa de toma de conciencia política y organizativa y el momento de asimilación de las corrientes ideológicas que se manifestarían de manera más clara a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Se reconocieron los derechos de expresión y asociación. Esto facilitó la llegada a España de las ideologías obreristas que circulaban por Europa. En 1871 se formó en España una sección de la AIT (Asociación Internacional de Trabajadores), lo que dio a las luchas obreras un contenido más internacional, autónomo y revolucionario, tanto de carácter marxista como anarquista.
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Marx defendía que la clase obrera se tenía que organizar en un partido propio para conquistar el poder del estado e implantar un periodo transitorio, la dictadura del proletariado, durante el que se utilizarían todos los instrumentos de estado burgués para despojar a la burguesía de los medios de producción, para lograr la igualdad social.
* Bakuninrechazaba la participación política, preconizaba la eliminación del estado, de la propiedad privada y de cualquier forma de autoridad, al tiempo que proponía un modelo de organización basado en comunas libres. Las diferencias entre ambas propuestas provocó la escisión de la AIT.
En España el anarquismo tuvo fuerza en Andalucía, Aragón, Cataluña y Valencia; los marxistas en Madrid, Vizcaya, Asturias.
El periodo de la Restauración se caracterizó por la despreocupación por los problemas sociales. Se constata por el abandono que había por la educación, en un país que tenía 71% de analfabetos ( 81% entre las mujeres). Las escuelas, en manos de la Iglesia, estaban dirigidas a las clases medias y alta. La Comisión de Reformas Sociales (1883) de iniciativa estatal, impulsó informes y propuestas legales sobre problemas sociales, que no se tradujeron en medidas concretas.
En 1879 se fundó el Partido Socialista Obrero Español, formado por 25 personas (20 obreros y 5 intelectuales) presidido por el tipógrafo gallego Pablo Iglesias. Hasta 1881 no pudo ser legalizado, al amparo de la Ley de Asociaciones del gobierno liberal de Sagasta. El PSOE creció lentamente. En 1888 creó el sindicato UGT, según la doble organización del marxismo. La organización sigue el modelo alemán: un partido jerarquizado y disciplinado, que aspira a una nueva sociedad igualitaria, pero mantiene su trabajo en una doble dirección: sindical, para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de la clase obrera; y política, participando en las elecciones, para introducir reformas en el parlamento. Este último aspecto es casi imposible en un sistema político como el español, basado en el turno de partidos y la manipulación electoral. Hasta 1910 no llegó un diputado socialista, Pablo Iglesias, al Parlamento. Su acción se centró en las Casas del Pueblo, centros de reunión con fines políticos, educativos y sociales. Siguiendo las indicaciones de la II Internacional lanzó campañas reivindicando la jornada laboral de 8 horas, que se realizaron el 1º de Mayo, por primera vez en 1890, con un importante nivel de participación en Madrid y Barcelona.
Más adelante, la revolución rusa provocó una nueva escisión en el movimiento obrero.
En 1921 se creó el Partido Comunista de España (PCE)
, que se adhirió a la III Internacional.
Los anarquistas tienen organizaciones más dispersas, en parte por su propia ideología. Anselmo Lorenzo, también tipógrafo, fue el gran propagador del anarquismo. Algunos sectores minoritarios adoptaron las ideas de “propaganda por el hecho” o la “acción directa” que les llevó a protagonizar acciones terroristas (bomba del Liceo, asesinato de Cánovas del Castillo por el italiano Angiolillo, atentado contra Maura, o la bomba contra Alfonso XIII por parte de Mateo Morral) En 1883 estalló el asunto de la Mano Negra, una supuesta sociedad secreta anarquista que atacaba a los grandes propietarios de tierra andaluces. A pesar de la falta de pruebas, y las sospechas de ser una invención de los señoritos, se utilizó como pretexto para detener y condenar a muchos anarquistas.
En 1911 se creó la gran organización anarquista, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT)
, que en 1918 contaba ya con 700.000 afiliados. El modelo era un sindicato único, que agrupaba a los obreros de los distintos sectores económicos, y planteaba un sindicalismo revolucionario, que hacía de la huelga general revolucionaria su principal instrumento de lucha. La Dictadura de Primo de Rivera les condenó a la clandestinidad. En la II República y la guerra Civil los anarquistas tuvieron un papel muy destacado.
También intentarían organizarse a finales de siglo sindicatos obreros de inspiración católica.
El Papa León XIII hizo una dura denuncia del socialismo y criticó algunos aspectos del capitalismo. Con la Encíclica Rerum Novarum trató de encauzar a través del Evangelio las mejoras en la vida de la clase obrera. Sin embargo, los obreros no relacionaban catolicismo con reformas sociales. De hecho, el principal sindicato católico, con implantación entre agricultores castellanos, tenía entre sus dirigentes a miembros de la nobleza. Las asociaciones católicas no llegaron a ser auténticos sindicatos y ejercieron un escaso papel reivindicativo.
La sociedad de fin de siglo se caracteriza por la agudización de los contrastes sociales. El distanciamiento entre los sectores populares y las clases altas y medias se acentuó. La afluencia a las ciudades hizo aumentar los problemas de hacinamiento, enfermedades y analfabetismo. En 1883 se creó en las Cortes una Comisión de Reformas Sociales con la misión de estudiar los problemas y proponer soluciones. Fracasó por falta de recursos y por la oposición de los empresarios.
Al estallar en 1914 la IGM, el gobierno del conservador Dato decidió la neutralidad, siguiendo la política aislacionista (de “retraimiento”) de Cánovas. La opinión pública española se dividió en dos bandos: los “aliadófilos” (izquierda liberal, republicana y obrera) y los “germanófilos” (Rey, Iglesia, nobleza y ejército). La neutralidad proporcionó a España una “ocasión de oro”, ya que pudo vender a los países beligerantes una buena cantidad de productos necesarios para abastecer sus ejércitos. Los empresarios aumentaron espectacularmente sus ganancias, pero no ocurrió lo mismo con los trabajadores: por un lado, los precios de los productos básicos subieron como consecuencia del desabastecimiento del mercado interior (carestía/ inflación); por otro, los salarios crecieron por debajo de la inflación y los trabajadores perdieron capacidad adquisitiva.
Estas circunstancias explican el estallido de la crisis de 1917. Tres razones explican la situación:
Muchos oficiales afectados por la inflación decidieron crear en 1916 las Juntas Militares de Defensa y exigir al gobierno mejoras profesionales y salariales.
Ante el creciente descontento social, el gobierno clausuró las sesiones de las Cortes. Frente a esta medida autoritaria, la Liga Regionalista de Cataluña convocó en julio una Asamblea de Parlamentarios en Barcelona; a ella acudieron los diputados catalanes, los republicanos y los socialistas, quienes suscribieron un manifiesto en el que exigían la democratización y descentralización del estado español mediante la convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes y la autonomía de Cataluña.
El Gobierno respondió disolviendo la Asamblea por la fuerza.
Para defender el poder adquisitivo de los salarios erosionados por la aguda inflación, los sindicatos UGT y la CNT organizaron una huelga general en agosto de 1917. Aunque lo buscaron, no lograron el apoyo de las Juntas Militares de Defensa ni de la Asamblea de Parlamentarios. El Gobierno recurrió a la intervención del ejército y aplastó la huelga. El saldo fue otra vez duro: 70 muertos y numerosos prisioneros, entre ellos los miembros del comité de huelga:
Largo Caballero, Besteiro, etc.