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Principales medidas económicas del bienio progresista, 1854-1856
Las principales reformas durante el bienio progresista fueron una serie de leyes encaminadas a
sentar las bases de la modernización económica del país: la Ley de Desamortización, la Ley de
Ferrocarriles, ambas de 1855, y la Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias de 1856.
• Desamortización de Madoz
La Ley de Madoz, 1855, tiene un objetivo mucho más claro que la de Mendizábal: obtener dinero para
poner en marcha el ferrocarril.
Esta ley afecta también a la desamortización eclesiástica, regula la venta de bienes municipales. Los
bienes de propios serían vendidos pero no los comunales. En la práctica era muy difícil distinguir entre
ambas propiedades por lo que los ayuntamientos se aprovecharon para liquidar las propiedades comunales.
La venta de esta tierra, en subasta pública, debía hacerse en metálico; el dinero recaudado era un 10% para
el Estado y el resto para los ayuntamientos.
La venta de las tierras municipales arruinó a muchos ayuntamientos, tampoco solucionó el crónico
problema de la deuda pública y perjudicó a los vecinos más pobres, que perdieron la utilización de los
terrenos comunales de su municipio (unos terrenos de aprovechamiento libre y gratuito donde podían
recoger leña o llevar a pastar su ganado). Esto forzó a una parte de la población rural a emigrar a las
ciudades.
• Ley General de Ferrocarriles
El tendido de la red ferroviaria fue regulado por primera vez el 31-XII-1844. A pesar de que el gobierno
hace una serie de concesiones no construye nada y las compañías renuncian a sus derechos. La única línea
terminada es la de Barcelona-Mataró. En la Península, los primeros ferrocarriles fueron el de Barcelona a
Mataró (1848) y el de Madrid a Aranjuez (1851).
Ante esta situación el Estado decide articular la creación concediendo una serie de ventajas que serán
reguladas en la Ley General de Ferrocarriles de junio de 1855.
− Garantía de una rentabilidad para los capitales invertidos.
− Autorización a la libre importación de todo tipo de productos relacionados con la construcción del
ferrocarril.
Ambas medidas ayudan a canalizar una importante cantidad de capitales a nuestro país. Además de
la cantidad aportada por el Estado, en ayuda, y de los capitales españoles, la parte más importante fue
capital extranjero. Pero son capitales canalizados por la Bolsa en la que la especulación es el objetivo a
corto plazo.
La expansión del tendido ferroviario en nuestro país debió contribuir a la consolidación de un
mercado nacional articulando los diferentes espacios económicos, uniendo los centros productores con los
centros de consumo, facilitando el abastecimiento de las grandes ciudades y el traslado de alimentos,
materias primas y artículos industriales de unos lugares a otros.
Sin embargo, la situación fue distinta. El Gobierno pretendía enlazar las regiones del centro con la
costa y las fronteras. Por su parte, los grupos particulares beneficiarios de las concesiones estaban
interesados en conectar las zonas productoras de materias primas con los puertos. De este modo, los
intereses de unos y otros dieron una impronta radial a la red ferroviaria.
Algunas regiones extremas, como Galicia y Almería, permanecían aisladas. A la manera de Francia,
los brazos convergían hacia la capital, en este caso Madrid, situación que favorecía también el control del
territorio, porque el ferrocarril permitía movilizar las tropas rápidamente. Precisamente, fueron los criterios
militares los que impulsaron la decisión de adoptar un ancho de vía distinto al empleado en Europa. Se
pensaba que esta circunstancia impediría una posible invasión exterior; también se adujeron razones
técnicas que aludían a las dificultades ofrecidas por el relieve peninsular, pero lo cierto es que la mayor
anchura de las vías españolas aisló a España de la red ferroviaria europea.
Antes de la crisis generalizada en Europa, en 1866 se habían construido 4.826 km. de vías férreas
• Ley de Sociedades Bancarias Crediticias
El sistema financiero quedó reordenado a partir de la ley de sociedades anónimas de crédito de 28 de
enero de 1856. Con una vocación de apertura al exterior permitió la creación de sociedades de crédito, las
más importantes de procedencia francesa, que conectadas con hombres de negocios españoles, crearon la
primera estructura financiera que impulsó el volumen de negocios y orientó en buena parte sus actividades a
la construcción ferroviaria. Destacaron por su importancia la Sociedad Española Mercantil e Industrial,
Sociedad General de Crédito Mobiliario, la Compañía General de Crédito de España, las tres en relación
con las principales líneas ferroviarias concedidas, o la Compañía Catalana General de Crédito.
La Ley de Banca establecía un riguroso control gubernamental sobre los bancos y regulaba el derecho
de emisión de moneda, que se asignaba a un banco emisor por cada localidad. Se creaba el Banco de España
para controlar el sistema y creaba un mercado financiero moderno.