Portada » Historia » Decreto desamortizacion de mendizabal
Clasificación del texto: El texto a comentar es histórico, y tiene una naturaleza jurídica, así como un tema económico y político. Es un texto público, aunque vaya dirigido a la reina. Fue publicada el 21 de febrero de 1836, por Mendizábal, quien fue político, como ministro de Hacienda, hombre de negocios y financiero español. Este documento se redacta cuando María Cristina, la actual regente que actúa en nombre de Isabel, hija de Fernando VII, se vio obligada a nombrar a Mendizábal, un liberal progresista, como ministro de Hacienda. Este, rápidamente inició un programa de reformas, para cumplir dos objetivos principales, por un a parte reducir en déficit de Hacienda, y por otra terminar con la Guerra Carlista. Para poder cumplir estos dos objetivos necesitaba recaudar dinero, por lo que comienza la “desamortización de Mendizábal”.
2. Análisis y explicación del documento: Este documento dirigido a la regente María Cristina, fue escrito por Mendizábal y en él este justifica sus razones para hacer la desamortización, así como explica lo que va a conseguir con ella. Por ello dice que esta medida no solo ayudará a mejorar la economía, sino que también ayudará a la política, cumpliendo así dos objetivos, nombrados también en este documento, disminuir la deuda pública y crear un grupo de propietarios afines al reinado de Isabel II, futura reina.
3. Comentario: Mendizábal, autor de este texto, es quien lleva a cabo las desamortizaciones con el fin de recaudar fondos y poder cumplir sus dos objetivos básicos, acabar con la Guerra Carlista y con el déficit. La desamortización supone la incautación estatal de bienes de propiedad colectiva, eclesiástica o civil, que tras su nacionalización y posterior venta en subasta, pasan a formar parte de una propiedad privada con plena libertad de uso y de disposición. En España este proceso se produjo de forma discontinua dándose varias desamortizaciones desde finales del siglo XVIII. En primer lugar, durante el reinado de Carlos IV, Godoy desamortizó la sexta parte de los bienes de la Iglesia con el fin de sanear la Hacienda. Durante la Guerra de la Independencia tanto el Gobierno de José I, como las Cortes de Cádiz realizaron una legislación desamortizadora que apenas llegó a ponerse en práctica por las circunstancias del momento. Las Cortes de Cádiz en su Decreto de Desamortización incautaban los bienes de los traidores, de la Inquisición, de las Órdenes Militares y de las Órdenes religiosas suprimidas. Por último en el Trienio Liberal volvieron a entrar en vigor las decisiones de las Cortes de Cádiz, pero el retorno al absolutismo interrumpió el proceso. A continuación se dio la desamortización de Mendizábal, de la cual se habla en este texto. Las causas por las que se dio esta desamortización fueron, en primer lugar la Guerra Carlista que obligaba al Estado a obtener recursos en un momento en que éste se encontraba en déficit y sin crédito exterior. En segundo lugar se difundió por el país un clima anticlerical, a causa del apoyo de gran parte del clero al bando carlista y en tercer lugar la burguesía y parte de las clases medias estaban deseosas de comprar bienes y su apoyo era esencial para el bando cristino.
Por lo tanto, tal y como se nombra en este texto, las desamortización servirían de ayuda tanto para la economía, como para la política. En esta situación, Mendizábal publicó la primera de las grandes desamortizaciones de la revolución liberal. En 1836 por el Decreto de Desamortización los bienes del clero regular eran declarados nacionales y se ponían a la venta en pública subasta. En 1837, otra ley desamortizaba los bienes del clero secular. Los objetivos que se pretendían con ambos decretos eran financiar la guerra civil contra los carlistas, sanear la hacienda y crear un grupo social adepto al régimen liberal, tal y como Mendizábal lo redacta en el texto. Nombrar también la posterior desamortización de Madoz, realizada en 1855, la cual ponía en venta todos los bienes de propiedad colectiva: los del Estado, los del clero, y los municipales. Fue la desamortización más larga en el tiempo, y aunque de forma interrumpida, fue aplicada hasta finales de siglo. El dinero obtenido fue dedicado en gran parte a financiar la expansión del ferrocarril y a sanear la Hacienda Pública. Las consecuencias que las desamortizaciones tuvieron fueron tanto sociales y económicas como culturales. En cuanto a consecuencias sociales, el proceso desamortizador contribuyó al cambio hacia una sociedad burguesa y la burguesía compradora se convirtió en terrateniente. La situación de los campesinos empeoró aún más al quedar privados del derecho a usar las tierras comunales. Los arrendatarios, por su parte, se vieron perjudicados ya que los nuevos propietarios elevaron el precio del arriendo o cancelaron sus contratos. Se produjo una gran masa de campesinos sin tierra que se convirtieron en jornaleros o se vieron obligados a marchar a las ciudades como mano de obra industrial. El clero vio reducidos sus efectivos económicos y el secular pasó a depender de la dotación económica que le pagaba el Estado. Las consecuencias económicas fueron que la tierra cambió de propietarios y trajo consigo una expansión de la superficie cultivada, por lo que aumento la producción y una agricultura más productiva en determinadas zonas como Cataluña y Valencia. La desamortización no resolvió el problema de la deuda, pero sí que contribuyó a atenuarlo. Por último la desamortización produjo una gran pérdida y expolio de bienes culturales, sobre todo de los antiguos monasterios que con frecuencia fueron saqueados, abandonados o utilizados como cuarteles o prisiones.