La muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 cerraba el tiempo de la dictadura y abría el de la democracia. Don Juan Carlos I, elegido por el caudillo para sucederle, iniciaba su reinado jurando fidelidad a las Leyes Fundamentales, pero declarando su voluntad de ser el rey de todos los españoles. Sin embargo, ni la oposición ni los herederos del franquismo confiaban en él. Arias Navarro fue confirmado como presidente del primer gobierno de la monarquía, lo cual fue criticado porque representaba la continuación del franquismo. Su gobierno fue heterogéneo y poco cohesionado, aunque se rodeó de personalidades que crearon esperanzas reformistas, como Fraga. No obstante, dichas esperanzas se frustraron debido al panorama político, en el que se alababa a Franco, a su régimen y se identificaba con los sectores inmovilistas. La falta de liderazgo de Arias Navarro fue aprovechada para llevar a cabo manifestaciones a favor de la democracia y de las autonomías. Se promulgó una limitada Ley Reguladora de Reunión por iniciativa de Fraga. Mientras tanto, el gobierno tuvo que enfrentarse a huelgas que supusieron la militarización de algunos servicios públicos, al aumento del terrorismo (ETA y GRAPO), al rechazo del búnker a cualquier reforma, al problema del orden público y a los sucesos de Montejurra (enfrentamiento de ramas carlistas).Además, la oposición se mantuvo unida. En 1974 se constituyó la Junta Democrática Española, dirigida por el PCE, y en 1975 la Plataforma de Convergencia Democrática, liderada por el PSOE. Un año después, ambos se unieron en Coordinación Democrática o “Platajunta”, la cual englobaba todas las fuerzas políticas y sindicatos antifascistas. Esta oposición pedía un gobierno provisional fuerte, amnistía, libertades y elecciones a Cortes Constituyentes. El año 1976 fue pródigo en huelgas como “Los sucesos de Vitoria”, donde la actuación policial minó la credibilidad de Arias Navarro. El 1 de julio de 1976, el rey forzó su dimisión y nombró presidente a Adolfo Suárez, el cual había sido ministro secretario del Movimiento. En su elección jugó un papel importante Torcuato Fernández Miranda. Su gabinete estaba formado por miembros jóvenes y reformistas, con los que quería llevar a cabo una serie de reformas y convocar elecciones. Además, amnistió a los presos políticos sin delitos de sangre, despenalizó a las asociaciones políticas, suprimió el Tribunal del Orden Público (TOP), reguló el decreto de huelga y disolvió el Movimiento Nacional. Con Suárez se produjo un cambio de actitud: la unidad política se fortaleció con la Plataforma Democrática. Sin embargo, los actos terroristas, como la matanza de cinco abogados laboristas en Atocha, dificultaron su actividad política. Además, se incrementó el espíritu golpista, como es el caso de la operación Galaxia: un plan de golpe de estado que finalmente fracasó. La economía también se agravió.

El gobierno de Suárez elaboró la Ley para la Reforma Política (LRP), cuyo objetivo era cambiar el sistema normativo basado en las Leyes Fundamentales por otro democrático que tuviera en cuenta la soberanía nacional, unas Cortes (elegidas por sufragio universal, libre, directo y secreto) que elaboraran una constitución, los derechos humanos, las reformas necesarias, etc. Para asegurar su aprobación se desplegó una gran actividad política. El texto fue sometido a referéndum, acompañado de una gran campaña propagandística. La extrema derecha apoyó el “no”, y la oposición democrática la abstención. No obstante, finalmente se aprobó y Suárez reforzó su posición.Por su parte, la Coordinación de Organizaciones Sindicales (COS) convocó una huelga general contra la LRP. Por otra parte, el gobierno necesitaba legalizar los partidos políticos. Suárez se reunió con los líderes de los partidos para consensuar las reformas y la ley electoral. Se legalizaron hasta 78 partidos, incluyendo el PSOE de Felipe González y el PCE de Carrillo (a pesar de las dificultades jurídicas). Con vista a las elecciones, Suárez agrupó a las minorías reformistas en la Unión de Centro Democrático (UCD). A la derecha se encontraba Alianza Popular (AP), liderada por Fraga, que englobó a asociaciones políticas provenientes del franquismo. En Cataluña se constituyeron partidos como Pacte Democràtic per Catalunya (PDC) y Esquerra Republicana (ERC). En el País Vasco surgieron el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Euskadiko Ezquerra (EE). Además, surgieron multitud de partidos pequeños.

Los Pactos de la Moncloa fueron la respuesta del gobierno a la crisis, la tensión social, el terrorismo y los intentos involucionistas. Se firmaron el 25 de octubre de 1977 y fueron fruto del consenso político. Sus objetivos eran: la reforma y el saneamiento de la economía mediante la reducción de la inflación y del déficit (además del establecimiento de una política monetaria restrictiva), la actuación jurídico-política que garantizase la libertad de expresión, reunión y reunión, así como la reforma del código penal. Sin embargo, las organizaciones patronales que no participaron en el pacto crearon la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) con el fin de exigir al gobierno la defensa de sus intereses.

El siguiente paso para la instauración de la democracia era la convocatoria de elecciones para elegir a los representantes del Parlamento, celebradas el 15 de junio de 1977. Según la Ley para la Reforma Política, las Cortes quedaban compuestas por dos cámaras: el Congreso de los Diputados (para el que se aplicaba la Ley d’Hont, que favorecía a los partidos mayoritarios) y el Senado. Voto el 78% del censo, y UCD consiguió el mayor número de votos, seguido del PSOE, el PCE y AP (que no obtuvieron los resultados esperados) y los nacionalistas PDC-CU y PNV. De este modo, el resultado reveló un bipartidismo imperfecto con una clara inclinación hacia el centro, representado por PSOE y UCD. El rey confirmó como presidente a Adolfo Suárez, el cual se apoyó en UCD para gobernar, consensuando las reformas con el resto de partidos, ya que UCD no tenía la mayoría absoluta.La Comisión de Asuntos Constitucionales fue la encargada de elaborar el texto constitucional, aprobado poco después y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 27 de diciembre de 1978. el texto recogía las características de las democracias occidentales y del constitucionalismo español en 169 artículos. Definía a España como un “Estado social y democrático de Derecho que propugna con los valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político”. Además, reconocía que “la soberanía nacional reside en el pueblo español” y su forma política “es la monarquía parlamentaria”. Se basaba en la “unidad de la Nación Española” y reconocía y protegía “el derecho a la autonomía”. Garantizaba los derechos humanos, abolía la pena de muerte, establecía la aconfesionalidad del Estado (permitiendo cualquier tipo de culto) y aseguraba la libertad de enseñanza, religiosa, de reunión, etc. Fijaba la mayoría de edad en 18 años y establecía una clara división de los tres poderes: legislativo(recae en las Cortes bicamerales, ambas elegidas por sufragio universal directo y secreto), ejecutivo (el gobierno dirige la política interior y exterior del país, y tiene potestad para presentar proyectos de Cortes), y judicial(administra la justicia y está constituido por jueces y magistrados independientes).

De acuerdo con la Ley de Reforma Política, Suárez inició en 1977 el proceso preautonómico. En Cataluña se establecía provisionalmente la Generalitat (presidida por Josep Torrecillas) y en el País Vasco se constituía el Consejo General Vasco (presidido por Ramón Rubiales), a pesar de las dificultades relacionadas con el terrorismo de ETA y el no reconocimiento de la constitución por el PNV. Ambos estatutos tuvieron que ser aprobados por las Cortes: el catalán se aprobó rápidamente, pero el vasco halló más oposición. En marzo de 1980, ambos celebraron sus primeras elecciones autonómicas. El Título VIII (el más débil jurídico-políticamente) de la Constitución regulaba la nueva organización autonómica, que contemplaba dos vías de acceso autonómico: la más rápida, según el artículo 151, para las nacionalidades históricas como Cataluña, País Vasco y Galicia (permitía el auto-gobierno y tenía mayores competencias), y la más lenta, según el artículo 143, para el resto de regiones. El proceso autonómico proporcionó un nuevo mapa político-administrativo de España, con 17 Comunidades Autónomas (1977-1983), más Ceuta y Melilla (1995). En definitiva, el entorno internacional saludó el desmantelamiento de la dictadura y apoyó la transición por la que el monarca consolidaba su trono, los partidos políticos eran legalizados y los españoles recuperaban sus libertades y el destino de la nación.