El acceso al trono de Felipe IV implicó un cambio en la política exterior de la monarquía y el ascenso de un nuevo valido, el conde-duque de Olivares. El conde-duque pretendía devolver a la monarquía hispánica su grandeza mediante la reanudación de una política exterior ofensiva, el conde-duque quiso solucionar los problemas de falta de recursos con el “Gran Memorial”, una reforma que pretendía unificar legislativa e institucionalmente todas las cortes y repartir igualitariamente las cargas fiscales, creó un proyecto que liberase a la Corona de su dependencia de los préstamos extranjeros llamado red de erarios, este era un banco estatal. El capital fundacional debía salir de los súbditos en proporción a su riqueza, a lo que las Cortes se opusieron. También planteó la unificación jurídica e institucional de la monarquía según el modelo castellano. Asimismo, incluía el proyecto de la “Uníón de Armas”, reforma que proponía reclutar hombres de todos los reinos para hacer frente a la crisis interna y al peligro exterior, un ejército permanente de 140.000 hombres sostenido por todos los reinos de la monarquía en función de su población y riqueza con el objetivo de crear un ejército poderoso, distribuir los costes de la guerra entre todos los reinos, suprimiendo las diferencias forales y repartiendo por igual las cargas y beneficios. Como consecuencia estalló el descontento social, los territorios periféricos rechazaban las pretensiones unitarias y centralistas de Olivares. En Cataluña el conflicto se inició como protesta de los campesinos contra el alojamiento de los tercios imperiales, desplazados a la frontera tras la entrada de Francia en la Guerra, esto dio lugar a la sublevación de Cataluña. Ante la grave situación de Cataluña, Olivares pide tropas, los portugueses, que se niegan y se rebelan con el apoyo de otros países europeos. Proclaman rey al duque de Braganza y españa reconoce la independencia de Portugal. Finalmente, la participación en la Guerra de los Treinta Años dejó a la monarquía arruinada, y al país en un estado de postración. A la pérdida de territorios se sumó la pérdida de la hegemonía en Europa. Sus decisiones políticas y las circunstancias desfavorables provocaron su caída, y en 1643 el conde-duque Olivares dejó de ser el valido del rey.

Durante el reinado de Carlos III en el Siglo XVIII, el principal problema de la agricultura española en el Antiguo Régimen radicaba en unos rendimientos muy bajos que en épocas de inclemencias climáticas y malas cosechas, provocaban crisis de subsistencias. Era una agricultura atrasada que utilizaba técnicas y métodos de cultivo aún muy primitivos. Una de las principales causas de este problema era el régimen de propiedad de la tierra. La mayor parte de las tierras cultivables estaban amortizadas, es decir, sus titulares no podían desprenderse de ellas, venderlas o donarlas. Por tanto, apenas había tierra en el mercado que pudiera ser adquirida por quien tuviera medios e interés para mejorar su cultivo. Gran parte de las tierras amortizadas estaban en manos de la iglesia (manos muertas) o de la nobleza (mayorazgos), quienes sólo explotaban directamente una pequeña parte, arrendando el resto a campesinos en pequeñas parcelas. Además, un porcentaje significativo de tierra amortizada pertenecía a los municipios. En la segunda mitad del Siglo XVIII, el incremento de los rendimientos agrícolas se convirtió en una necesidad imperiosa en un contexto de crecimiento demográfico, pues la población aumentaba y con ella la demanda de productos agrarios. En época de Carlos III se adoptaron una serie de reformas para conseguirlo, la mayor parte tenían como objetivo el ideal ilustrado de formar una clase de pequeños propietarios campesinos, motivados para trabajar, interesados en la mejora de sus tierras, y buenos contribuyentes. Entre estos destacaron: el arrendamiento de tierras municipales a campesinos que tuvieran medios para trabajarlas., las colonizaciones de nuevas tierras, planificadas y financiadas por la Corona, seis mil colonos centroeuropeos fueron asentados en pueblos de nueva creación en Andalucía para repoblar tierras vacías y acabar con el bandolerismo, la aparición de nuevos cultivos americanos, la mejora de los regadíos con la construcción de canales y pantanos y la reducción de privilegios de la mesta. Sin embargo, todas las medidas fueron parciales e insuficientes, propias de un reformismo ilustrado que pretendía adaptar las estructuras del Antiguo Régimen a las nuevas necesidades sin atentar contra los intereses de los estamentos privilegiados. Nunca se llevó a cabo una reforma profunda de las estructuras agrarias del país que implicaba una desamortización de la tierra, pues el proyecto de Ley Agraria que la propónía, redactado finalmente por Jovellanos, llegó tarde, en 1794, en el reinado de Carlos IV, cuando el temor a la revolución ya impedía cualquier reforma.

La llegada de la Dinastía de los borbones al trono de España propició importantes cambios en la estructura del Estado. Con Felipe V de Borbón se instauró en España el absolutismo monárquico impuesto por su abuelo, Luis XIV. El primer objetivo del nuevo rey Felipe V fue reducir la complejidad de los reinos, leyes e instituciones a una sola entidad a la manera de Castilla. Esta obra de reforma administrativa se va a plasmar en los “Decretos de Nueva Planta”, disposiciones legislativas promulgadas como represalia por el apoyo que los territorios de la corona de Aragón prestaron a Carlos II, que supusieron la abolición de los fueros e instituciones propias, e imponiéndose las leyes e instituciones castellanas. Con estos Decretos, se procedíó a un nuevo modelo de administración territorial, como nos muestra el mapa basado en la siguiente estructura. Aparecieron nuevas instituciones y cargos que representaban la autoridad real en los distintos territorios y configuraban un sistema basado en cuatro grandes pilares: los capitanes generales, las audiencias, los inten­dentes y los corregidores. Por un lado, podemos ver en el mapa las nuevas demarcaciones provinciales que se establecen en sustitución de los antiguos virreinatos que, sin embargo, sí siguen vigentes en tierras americanas, al frente de cada provincia había un capitán general con competencias militares y administrativas, que ejercía como gobernador, este ejercían una triple misión: la representación real, el gobierno político, y la vigilancia del orden público y de la defensa nacional. Para la administración de Justicia se implantaron las reales audiencias, presididas por los respectivos capitanes generales. . Para el control de las principales ciudades se extendíó por todo el territorio la institución del corregidor, nombrados y controlados por la corona, según el modelo castellano. Y finalmente las intendencias, de origen francés, eran circunscripciones controladas por un intendente, cuya misión principal era la recaudación de impuestos y la dinamización económica del país. Los intendentes poseían atribuciones de carácter fiscal, judicial o, incluso, militar. Resultaron una pieza decisiva de la nueva administración borbónica. Los borbones también reformaron la administración Central consolidando el establecimiento de la Monarquía absoluta de una forma plena. Se suprimieron todas las cortes de los reinos, exceptuando las de Castilla, que pasaron a denominarse “Cortes Generales del Reino”. En  conclusión, el poder del monarca salíó fortalecido y los decretos de Nueva Planta, aplicados a los reinos de la Corona de Aragón supusie­ron un nuevo Estado de corte absolutista y centralizador. Al contrario de los territorios aragoneses, las provincias vascas y Navarra conservaron sus instituciones. Fue la recom­pensá de Felipe V por haberse mantenido fieles a la causa borbónica.